El pasado 1 de enero de 2023 entró en vigor la normativa que obliga a los municipios españoles con más de 50.000 a implantar una zona de bajas emisiones y a los que superen los 20.000 habitantes pero que tengan unos valores contaminantes muy altos.
Estos 150 municipios contarán con nuevas zonas de bajas emisiones que afectarán a más de 25 millones de personas, lo que representa el 53% de la población nacional. Estas ZBE limitarán el acceso y la circulación de vehículos sin etiqueta medioambiental, pero serán los propios ayuntamientos los que regulen el funcionamiento de estas áreas.
Estas nuevas limitaciones podrán afectar a más de 4 millones de vehículos sin distintivo medioambiental de la Dirección General de Tráfico. El Real Decreto señala que los municipios tendrán que definir objetivos cuantificables de reducción de emisiones para 2030 y que sean coherentes con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la reducción del uso del vehículo privado de motor frente al resto de modos de transporte.
Cómo funciona una Zona de Bajas Emisiones
Las Zonas de Bajas Emisiones regulan y limitan el acceso a los vehículos según el tipo de etiqueta medioambiental. Este 2023 estas áreas limitan el acceso a los vehículos sin etiqueta medioambiental, aunque esto irá cambiando según avancen los años de aquí a 2030.
Las Zonas de Bajas Emisiones también provocarán cambios en las compras de vehículos con etiqueta C, ECO y completamente eléctricos.
Aneval, la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler, ha advertido que solo 20 de los 150 ayuntamientos afectados han iniciado los trámites para implantar la zona de bajas emisiones. Además, dicha asociación ha apremiado a la DGT para que se ponga en marcha “lo antes posible” la plataforma que deberá recoger las ordenanzas municipales de las ZBE.
Estas medidas afectarán a las ciudades siendo Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, San Cristóbal de la Laguna y Arona las que registran los porcentajes más altos seguidas de Ourense, Ponferrada y León.
